No es usual y cada vez será menos frecuente que haga un posicionamiento formal en torno a algún tema de interés público, sobre todo porque, sin ánimo de ofender, noto mermada su capacidad de razonar situaciones que involucran derechos humanos y eventos criminales, pero no los juzgo por eso, se debe tener una formación bastante amplia para comprender todo lo que engloban los derechos humanos y todos los elementos que interviene en un hecho criminal, cosa que yo apenas estoy logrando descifrar y con muchas complicaciones. Me ha motivado escribir esto un evento que para mi ha sido muy vergonzoso, y es que ni siquiera mis colegas de profesión se hayan mostrado a la altura de lo que es un profesional de la investigación criminológica en torno al tema que describiré. Porque nosotros no solamente debemos saber de crímenes y criminales, también debemos procurar a las victimas y saber lidiar con las situaciones específicas que se nos puedan presentar, no solamente de delitos se trata, también de conductas antisociales, parasociales, asociales y de la misma sociabilidad. Esta es una cuestión bastante compleja para quienes nos encontramos justo en medio de la criminalística y la criminología sin escoger un bando definido para realizar completamente nuestras actividades, porque por un lado podemos estar aportando pruebas materiales para lograr enjuiciar y castigar a alguien pero de igual forma estamos revisando información para determinar un castigo idóneo y proporcional al delito cometido, pero en ninguno de los dos casos debemos apartar la vista de las victimas que existen en ese conflicto. En este punto quiero recalcar algo que muchas personas y profesionales olvidan, quien comete un delito y pasa por todas las fases de la investigación criminal también puede volverse una víctima, y si bien es importante atender correctamente a quien padeció un daño, también debemos estar atentos a que el sujeto activo que lo provocó no se vea involucrado en una situación que afecte a sus derechos humanos, que por supuesto, posee.
Hace unos días se esparcía velozmente un vídeo en donde se observaban claros actos de tortura contra una femenina a manos de elementos de las fuerzas armadas y policiales del estado mexicano, este video sale a la luz justo un día después de que el departamento de estado de los Estados Unidos de Norte América emitiera un comunicado que expone que en México las fuerzas de seguridad participan en homicidios, casos de tortura y desapariciones forzadas de ciudadanos, y ni como negarlo. Pero la referencia al regaño que nos hace nuestro país vecino es solamente para hacer contexto de este tema, y resaltar que han sido ellos quienes más han invertido en las "capacitaciones" de nuestras corporaciones policiales y militares.
Ahora bien, hace pocas horas se ha generado un debate público acerca del actuar de quienes aparecen en el mencionado video, pues resulta que la persona que se ve siendo torturada se encuentra actualmente cumpliendo una condena en un establecimiento penitenciario de Nayarit, acusada de delincuencia organizada por haber colaborado en secuestros con el grupo delictivo de "La Familia Michoacana", sin embargo no se especifica cuál fue su grado de participación en el delito del que se le acusa, si fue autora material, intelectual, si prestó ayuda, o si mató a alguien, si realizó llamadas a los familiares de las víctimas o si solamente era usada por el grupo criminal para realizar otras actividades estando bajo amenaza, y esta es información que no conocemos ya que no fue una autoridad quien reveló estos datos sino el director del Diario de la Tarde, un periodista que hasta ahorita no ha dicho si tuvo acceso al proceso penal que se siguió para castigar a esta persona o de dónde obtuvo dichas afirmaciones.
Cualquier persona podría compartir su punto de vista y de sentir respecto a este caso y no habría por qué alarmarse, pues la educación que hemos recibido la mayoría es bastante conservadora e individualista, es de venganza y resentimiento, una doble moral que por un lado profesa el perdón y por el otro busca condenas a muerte.
Lo que en verdad no puedo comprender ni dejar pasar por alto es que un profesional de la conducta criminal defienda estos deleznables actos cometidos por agentes de la seguridad, porque nosotros sí poseemos una educación especializada y porque en algún momento vamos a tener en nuestras manos un caso que necesitaremos resolver sin entrometer nuestros juicios morales y sí basar nuestras acciones en la formación profesional que tenemos, en el ideal de realizar solamente lo que está bien y hacer lo que es correcto, no para nosotros sino para todos, porque somos quienes debemos hacer respetar las leyes pero aparte debemos respetarlas de principio a fin. No hay forma alguna de argumentar a favor de la violencia, porque la violencia no se resuelve con más violencia, porque el fin último de la pena es la reinserción social y la reparación del daño, no se trata de castigar por castigar, porque la pena sin tratamiento es pura venganza.
Los principios del derecho armonizan con la idea de que se deben respetar en todo momento y a todas las personas los derechos humanos, porque todas las personas deben ser tratadas con respeto y dignidad, y que si han violado la ley deben ser sometidos a un proceso legal que respete sus derechos y sus garantías y esto será a manos del estado en un juicio, no a manos de las fuerzas policiales ni del ejercito. Como verdaderos profesionales sería detestable utilizar un argumento tan básico como decir que un criminal merece ser torturado por todo lo que él hizo, porque ni aún siendo familia de la víctima debemos dar soporte a prácticas injustas que van en contra de las leyes, porque aquí debemos sopesar si somos parte de los que apoyan las prácticas contra la dignidad humana, si queremos seguir siendo personas comunes o ser en verdad CRIMINÓLOGOS-CRIMINALISTAS.