La reforma constitucional del 18 de junio del 2008 que actualiza el sistema procesal penal mexicano a un sistema de tipo acusatorio caracterizado por ser predominantemente oral, es sin lugar a dudas un gran logro para el país, que no debemos ver con ojos negativos ya que busca primordialmente mantener el orden de la sociedad, respetando las tendencias actuales que sugieren el uso de un derecho penal mínimo. Con la implementación de los juicios orales, México da un gran paso hacia la defensa de los derechos humanos, otorgándoles un papel privilegiado en el procedimiento penal.
Tal vez por ser un sistema novedoso en el país, los que estudiamos criminología, criminalística, derecho penal y ciencias afines, hemos puesto toda nuestra fe y esperanzas en que este cambio sirva para subsanar los errores y vicios con los que contaba el antiguo modelo procesal, sin embargo, no hay que dejar de tener en cuenta los obstáculos que desde ahorita ya van saliendo a la luz, como por ejemplo, la falta de personal con que cuentan las procuradurías de los estados, el exceso de trabajo, el mal manejo de los recursos materiales y la inexperiencia de muchos actores del este nuevo sistema.
Será un proceso gradual en el que sin duda habrá muchos tropiezos y es lamentable darse cuenta de que quien pagará por estos errores en el camino es la sociedad, ya que contará con un sistema procesal penal moderno, de primer mundo, pero con escasez de recursos materiales y humanos.
No quiero adelantar un rotundo fracaso a este nuevo sistema sino todo lo contrario, deseo que quienes participen en él como operadores, asuman el muy importante papel que les toca desempeñar y logren afianzar con éxito estas reformas que, estando bien aplicadas, constituirán un enorme beneficio para todas las personas.
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